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La Red de abogados Puebla y la Asociación de Docentes, tutores y capacitadores de educación superior del Estado de Puebla, invita a todos los docentes y publico en general interesados en el proceso de enseñanza aprendizaje a:

La conferencia magistral «Inducción a la didáctica general en formación de competencias»

Impartida por el Dr. Carlos Basulto Morales

Académico, Investigador, Profesor Consultante Universidad de Camaguey Cuba

instructor docente en Mexico y otros paises

Día: 1 de octubre de 14 a 17:30 horas

Lugar: Avenida Guadalupe (135 poniente) 761 Col. Guadalupe Hidalgo

Se otorgara constancia con valor curricular de 4 horas

Costo: Miembros de la ADUP $350.00 incluye constancia y materiales digitales, coffe break

Docentes y publico en general $450.00

Depósitos a la tarjeta: 5579 1001 3039 9908 (hasta un dia antes del evento)

Informes en el 2226979488 (solo whatsapp)

Sitio de la asociación y afiliación: https://sudup.jimdofree.com/

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Estudios sobre el derecho a la libertad de expresión en la doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos


Como de forma tan precisa y brillante lo definió la propia Opinión Consultiva que homenajea la presente publicación, este esfuerzo vale la pena, en la medida que la libertad de expresión es la piedra angular del sistema democrático en el que aspiramos a que se desarrollen las personas y las sociedades del hemisferio.

En el marco del 20º. Aniversario de la a Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y el Trust For The Américas (TRUST) tienen el placer de lanzar la edición en línea del libro “Libertad de Expresión: a 30 años de la Opinión Consultiva sobre la colegiación obligatoria de periodistas”. Se trata de una publicación que reúne artículos de distintos expertos y expertas regionales en los que se analiza la protección y promoción de la libertad de expresión en el sistema interamericano de derechos humanos a la luz de diversos desafíos, tomando como punto de partida la decisión interpretativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fijó los estándares básicos para la preservación de la libertad de expresión en el hemisferio.

De acceso libre y disponible en línea, la publicación reúne las contribuciones de Ignacio Alvarez, Eduardo Bertoni, Catalina Botero, Santiago Cantón, Eduardo Ferrér Mac-Gregor, Sergio García Ramírez, Alejandra Gonza, Edison Lanza y Pedro Nikken; y cuenta con el prólogo de Cecilia Medina Quiroga. Cada uno de estos expertos, que ocupan o han ocupado posiciones relevantes en el propio sistema interamericano, realizan un aporte sustantivo sobre la evolución de la doctrina interamericana en materia de libertad de expresión y los desafíos que la coyuntura hemisférica y la tecnología plantean al entendimiento de este derecho.

Una edición impresa de esta publicación fue presentada el 2 de noviembre pasado en Bogotá, durante la celebración del 20º. Aniversario de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El libro se propone además ser una fuente de conocimiento dirigido a legisladores, jueces, juezas, fiscales, expertos de la sociedad civil y de la academia que abordan estos temas desde los más diversos roles.

Según Edison Lanza, actual relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la publicación de este libro “es una forma de celebrar la contribución de la Relatoría Especial a la región en sus 20 años, a partir del análisis, con una mirada actual, de una decisión histórica cuyo contenido es la viga central del marco jurídico interamericano en materia de libertad de expresión”. Esta Opinión, además, inauguró en el sistema interamericano la práctica positiva de interpretar la vigencia de la libertad de expresión en los ordenamientos jurídicos nacionales a la luz del derecho internacional, un paso fundamental para la historia jurídica y política de la región.

Como lo expresa de forma rigurosa Cecilia Medina en su prólogo, la OC 5/85 es una de las contribuciones más importantes de la Corte Interamericana de derechos Humanos en la interpretación de los derechos establecidos en la Convención Americana y permite apreciar toda la riqueza que contiene el Artículo 13 de la Convención que consagra la libertad de expresión y su vínculo con los derechos humanos y la democracia.

No obstante este punto de partida común, las contribuciones que contiene el libro se aproximan a la doctrina interamericana de forma diversa. En efecto, el profesor Pedro Nikken, ex juez de la Corte Interamericana y uno de los redactores de la conocida decisión, explica los puntos centrales que la Corte Interamericana abordó en esta decisión y cómo sus jueces construyeron un camino jurisprudencial para preservar esa libertad; Santiago Cantón (primer relator para la libertad de expresión y ex Secretario Ejecutivo de la CIDH), explica el legado democrático de la OC-5 y cómo impactó esta decisión en la construcción del mandato de la Relatoría; el profesor Eduardo Bertoni (ex relator para la libertad de expresión), reflexiona sobre la vigencia de la opinión consultiva a la luz de la era digital y plantea preguntas con miras a futuros desarrollos; la profesora Catalina Botero (ex relatora para la libertad de expresión y actual decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes), retoma los estándares de la OC 5/85 sobre libertad de expresión y los aplica a la actual discusión sobre la regulación de las llamadas “noticias falsas”; Ignacio Alvarez (quién también ocupó el cargo de relator especial), aborda la evolución de la jurisprudencia interamericana sobre la nunca inacabada discusión de las sanciones ulteriores en materia de libertad de expresión; El profesor Sergio García Ramírez (ex juez de la Corte Interamericana) y la docente Alejandra Gonza presentan una actualización de la conocida obra de García Ramírez: “La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; El profesor Eduardo Ferrer Mac Gregor (actual presidente de la Corte IDH), presenta una nueva aproximación del derecho a recibir y difundir información, a través de la relación entre libertad de expresión y medios de comunicación audiovisual en el sistema interamericano de derechos humanos; finalmente, Edison Lanza (actual relator para la Libertad de Expresión de la CIDH) analiza el alcance de los principios establecidos en la mencionada opinión consultiva y su aplicación desde los medios tradicionales, así como a Internet.

Como de forma tan precisa y brillante lo definió la propia Opinión Consultiva que homenajea la presente publicación, este esfuerzo vale la pena, en la medida que la libertad de expresión es la piedra angular del sistema democrático en el que aspiramos a que se desarrollen las personas y las sociedades del hemisferio.

Desde la Relatoría Especial agradecemos el apoyo de la Fundación Open Society, el TRUST y la Fundación para la Libertad de Expresión de Colombia (FLIP), que con sus contribuciones hicieron posible la elaboración y edición de este valioso material .Esta publicación se suma a los distintos esfuerzos que realiza la Relatoría Especial para promover la libertad de expresión en el hemisferio, a través de sus informes temáticos y la reciente edición junto a Unesco de la guía “Estándares internacionales de libertad de expresión. Guía básica para operadores de justicia en América Latina”.

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Hallazgos 2016; presentacion los resultados de la evaluación de la operación del sistema de justicia penal acusatorio a un año de su implementacion


El Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) y la Red de Abogados Puebla S.C. se complace en invitarles a la presentación del reporte Hallazgos 2016 que se llevará a cabo este miércoles 5 de julio a las 10:00 horas en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

La cuarta edición del reporte Hallazgos presenta los resultados de la evaluación de la operación del sistema de justicia penal acusatorio a un año de su implementación, así como una serie de recomendaciones derivadas de la mismaunnamed.

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El nuevo sistema de justicia penal: Cronica de un fracaso anunciado? por Ruben Blanca Diaz


«si bien es cierto la adecuacion del marco normativo, respondía a las exigencias actuales en materia de justicia penal y acorde con estandares internacionales, este sistema no ha terminado de acoplarse a la realidad socioeconomica de nuestro pais»

Estimados Amigos y seguidores de esta pagina de la Red de Abogados Puebla, el dia de hoy expondre mi punto de vista en relacion a los diferentes comentarios y notas de academicos, litigantes y periodistas sobre el «balance» de otro año de aplicacion total del nuevo sistema de justicia (procedimento penal acusatorio)  que con «bombo y platillo» se anuncio por parte de las autoridades y la SETEC (organo implementador)  y se nos vendió como el modelo que vendria a resolver nuestros males en materia de administracion y procuracion de justicia penal y la percepcion y la realidad es que no ha sido así hasta este momento y el principal problema de ello, no es legislativo, sino basicamente operativo; habremos de recordar que este «cambio» de modelo de administrar justicia penal, obedeció a los multiples reclamos de ONGS, abogados independientes y Organismos Internacionales como la CIDH para que se dejara el sistema inquisitorio mixto mismo que desde luego ya estaba por demas inoperante y viciado no solo por el lado legislativo, sino operativo y  hacia nugatorios los derechos humanos al debido proceso y al principio de presuncion de inocencia entre otros derechos basicos, pero al final de cuentas, abandonar una manera de hacer justicia a la mexicana por mas de 600 años, desde luego que no es facil, ya que tambien contribuyeron al viciamiento y inoperancia de dicho modelo los mismos abogados y operadores (mps, policias, jueces)  que ahora en conferencias escupen contra ese sistema y dicen que fue «lo peor» cuando ellos mismos contribuyeron al fracaso del «sistema tradicional» y que aún así con sus vicios e inoperancias, «funcionaba» de alguna manera, pero a partir de la reforma constitucional del 2008, se optó, sin que la propia autoridad quisiera, pues los primeros que se resistieron al cambio fueron ellos, por el cambio en la manera de administrar justicia en el ambito penal, adoptando un «nuevo» modelo de corte acusatorio que tiene muchos rasgos del sistema nortamericano y chileno en la manera de administrar justicia penal y que vemos en series como la «La ley y el orden» «Chicago Justice» entre otros, en escenificaciones cercanas a la realidad, es decir un «hibrido» para ver si en la parte operativa y funcional, encajaba con la realidad de la justicia mexicana, lo que desafortunadamente no pasó con la implementación y su desarrollo en estos ya 14 años de operacion en los primeros Estados que lo adoptaron (chihuahua en 2007), es decir que si bien es cierto la adecuacion del marco normativo, respondía a las exigencias actuales en materia de justicia penal y acorde con estandares internacionales, este sistema no ha terminado de acoplarse a la realidad socioeconomica de nuestro pais y para muestra un «boton» el inusitado aumento de la violencia y la comision de ilicitos desde los mas leves como los patrimoniales hasta los mas graves como el homicidio y el secuestro;  pareciera que no es culpa del modelo o de la ley aplicable y esto es cierto, ya que este nuevo modelo de justicia acusatorio tiene muchas ventajas frente al «sistema tradicional», como son entre otras, potencializar la presuncion de inocencia, equilibrar los derechos de la victima con los del imputado, evitar la prision preventiva, hacer procesos mas agiles y en pocas audiencias y en muchos casos resolver los conflictos por otros mecanismos alternativos y evitar llegar a fases avanzadas del juicio;pero lo que pasó es que todas estas «innovaciones» no fueron suficiente para que el sistema comenzase a consolidarse, y lo ratifican «expertos» este modelo no fue creado por litigantes o academicos en México, sino que se adoptó un modelo operable en realidades en otros paises, pero no en la mexicana, es decir que, ejemplificando, un circulo nunca va encajar en un cuadrado, la realidad socioeconomica y politica ha rebasado a este nuevo sistema y se ha topado de frente con fenomenos sociales y economicos muy particulares de nuestro país, como son una alta corrupción institucional, poca claridad de seleccion de operadores, nula cultura de legalidad, nulas politicas preventivas, abogados que fueron educados en  el conflicto y no para el arreglo, jueces rigoristas y sabelotodos, vacio de autoridad etc etc y quiza la gota que ha derramado el vaso, la todavia inequitativa proteccion y ejercicio de los derechos de las victimas con los del imputado, ya que muchos de nosotros nos hemos quejado del «buen trato» a los «probables responsables» cosa que hace realidad la presuncion de inocencia (principio para toda la sociedad) quien se acuerda o se preocupa por las consecuencias negativas para la victima y de su proteccion?, esto demuestra que este modelo aunque bien planteado legalmente y desde luego con numerosas ventajas y garantias para las partes, ha sido aprovechado por «delincuentes» y algunos defensores para darle la vuelta a la ley y aprovechar sus «beneficios»; cosa que desde luego no está mal, ni contraviene disposición alguna, esto en tratandose de otros paises con mayor evolución social y normativa y en donde la cultura de la legalidad estuviera bien consolidada,  es decir no termina de «encajar» en un país como el nuestro lleno de complejidades e inequidad, desde el mismo trato que se le da a imputados y a victimas y la extrema desigualdad social y economica imperante, es este año, quiza el mejor momento para reflexionar en como acoplar este sistema de justicia penal a nuestra realidad y hacer que este circulo encaje en el circulo de la legalidad y que se hagan los ajustes normativos y operativos necesarios para hacer, que otra vez,  el orden, la legalidad y el respeto a la ley sean una constante en nuestra nación, es decir que quien cometa un delito lo piense dos veces para volver a cometerlo y ello precisa que que se implante un modelo creado por nosotros y en base a nuestra realidad socioeconomica, es decir que le de herramientas a la autoridad para hacer realidad la facultad punitiva del Estado y no como ahora, que no hace falta decirlo, vemos un vacio de poder y una descarada inoperancia de las autoridades de seguridad y justicia, estamos a tiempo de hacer ajustes y desde luego que la opcion no es regresar al pasado, sino consolidar un modelo propio y comencemos con rescatar el tejido social y  asi evitar asi delitos y delincuentes.

Sobre el autor: *Ruben Blanca Diaz, es Abogado postulante, Doctor en Derecho, Maestro en Derecho y Ciencias Penales, activista, docente y tutor on line en el Colegio Libre de Estudios Universitarios y el Instituto Suizo de Gastronomía, Coordinador de la Red de Abogados Puebla, presidente de la Asociación de Docentes, Tutores y Capacitadores de Educación Superior del Estado de Puebla e Investigador y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE)

Ya esta disponible la version impresa del «Cuadernillo de simulacion de audiencias Juicio Oral Penal»

DestacadoYa esta disponible la version impresa del «Cuadernillo de simulacion de audiencias Juicio Oral Penal»

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Relatores de la ONU y de la CIDH condenan asesinato de periodista en México y llaman a la acción inmediata para poner fin al ciclo de violencia contra periodistas


“La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ahora bajo un nuevo liderazgo, debe producir resultados concretos en esta y otras investigaciones para demostrar que el Estado mexicano está luchando contra la impunidad de estos crímenes de forma prioritaria”, insistieron los relatores.

WASHINGTON/GINEBRA: Dos expertos en libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron hoy su consternación por el asesinato del periodista y escritor mexicano Javier Valdez Cárdenas, fundador y redactor del semanario sinaloense Ríodoce, con una larga y reconocida trayectoria periodística y un valiente trabajo de investigación sobre narcotráfico y crimen organizado en su país.

“El  asesinato de Javier Valdez es un grave ataque contra el periodismo y la libertad de expresión en México“, expresaron el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza.

“La violencia pretende silenciar el valiente trabajo de periodistas que como Javier Valdez reportan e informan a la sociedad mexicana sobre asuntos de interés público a pesar de las amenazas y el riesgo constante”, explicaron.

Según la información disponible, el periodista fue asesinado el 15 de mayo en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, por sujetos desconocidos que le dispararon en 12 ocasiones cuando acababa de salir de la redacción de Ríodoce. Su equipo de trabajo en Ríodoce afirmó no tener “ninguna duda” de que “el origen del crimen de Javier Valdez está en su trabajo periodístico relacionado con los temas del narcotráfico”.

Los expertos tomaron nota de los anuncios realizados el 17 de mayo por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en una reunión mantenida con los gobernadores estatales y el Procurador General de la República, entre otros, en la que se anunció un plan de acción destinado a fortalecer el trabajo de las instituciones que investigan crímenes contra periodistas, así como del mecanismo de protección.

Ambos expertos saludaron el compromiso expresado por el Presidente, el Procurador General y los gobernadores de enfrentar la impunidad y garantizar las condiciones para garantizar el derecho a la libertad de expresión e instaron a la pronta aplicación de las medidas anunciadas.

En este sentido, los expertos exhortaron al gobierno mexicano, especialmente a las autoridades competentes, a investigar el asesinato de Javier Valdez de manera exhaustiva y a identificar, procesar y sancionar a todos los responsables. El Estado debe adoptar medidas  de protección integrales y efectivas para los familiares del periodista y sus colegas, si dan su consentimiento para ello.

“La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ahora bajo un nuevo liderazgo, debe producir resultados concretos en esta y otras investigaciones para demostrar que el Estado mexicano está luchando contra la impunidad de estos crímenes de forma prioritaria”, insistieron los relatores.

“El periodismo mexicano vuelve a estar de luto por la pérdida de uno de los periodistas más respetado y reconocidos del país”, señaló el Sr. Lanza. “Javier Valdez es el nombre más reciente en una larga lista de periodistas asesinados por ejercer su labor en México”.  En 2017, siete periodistas han sido asesinados en el país.

«El anuncio del presidente Peña Nieto es un testimonio de la gravedad de la situación y de cómo se requiere una acción coordinada en todos los niveles de gobierno para hacer que los responsables de estos crímenes comparezcan ante la justicia y terminar con esta epidemia de violencia contra periodistas y el derecho de la sociedad a estar informada”, señalaron los expertos.

Los Relatores Especiales reiteraron el pasado mes de abril su solicitud al Estado mexicano para  realizar una visita oficial conjunta al país, y están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades mexicanas.

Los Relatores Especiales expresaron su profundo pesar y condolencias a los familiares y colegas de Javier Valdez.

FIN

El Sr. David Kaye (EE.UU.) fue designado como Relator Especial sobre la promoción del derecho a lalibertad de opinión y expresión en agosto de 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

El Sr. Edison Lanza (Uruguay) fue designado como Relator Especial para la libertad de expresión en julio de 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión fue creada por la CIDH para promover la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, dado el papel fundamental que este derecho desempeña en la consolidación y desarrollo del sistema democrático

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Conociendo el Procedimiento ante el SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS-Red de Abogados Puebla


PROCEDIMIENTO ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Para los que estan interesados en el procedimiento formal que se lleva ante la CIDH, hemos de comentar que el procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es excesivamente dilatado, ya que puede llevar años y hasta una decada en algunos casos se resuelvan de manera definitiva.

La primera instancia se realiza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En términos generales, ésta tiene que emitir 3 decisiones trascendentes:

a) un decreto preliminar de admisión;

b) luego una intermedia en la cual determina si es admisible o no, y

c) finalmente un informe de fondo, en éste decide si hubo responsabilidad o no del país a quien se le imputa la trasgresión de derechos humanos.

La resolución de inadmisibilidad no admite recurso.

A manera de ejemplo, el tiempo trascurrido desde la presentación de la queja y el informe de admisibilidad, en el caso de Laurano Brizuela Wilde  fue recibida por la Comisión IDH el 2 de agosto de 2006 y hasta el 25 de julio de 2014 emitió el informe de admisibilidad 64/14, es decir, casi 8 años entre la promoción inicial y la decisión intermedia, pero además en este supuesto falta el informe de fondo.

Otro punto cuestionable, es el de los pocos caos que llegan hasta lo Corte IDH.

De las estadísticas dadas a conocer por la Comisión IDH en el 2012 del sistema de peticiones y casos individuales. (sistema electronico via internet desde la pagina https://www.oas.org/ipsp/default.aspx?lang=es

México fue el país con más denuncias y quejas: 431 de un total 1936, el 22.26% del total, de las cuáles sólo fueron admitidas 14, por considerarse que reunían los requisitos de procedencia, sin que esto quiera decir que se haya determinado a favor de las víctimas de los caos, lo que significa el 30.78%, 135 no fueron admitidas, es decir, el 31.32% y el resto se encuentra pendiente de tramitación de admisibilidad y de resolver el fondo de las mismas.

Una vez que la Comisión IDH agota su intervención en esta fase envía el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) para que decida en forma definida el caso a través de una sentencia, misma que demora unos años mas.

Aqui conviene destacar el apotegma  «Una justicia tardia, no es justicia»

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CIDH celebra primera audiencia sobre los derechos de las trabajadoras sexuales en América


“Es de urgencia una ley nacional en toda Latinoamérica una ley que reivindique el trabajo sexual, una ley que nos vea como seres humanas sujetas de nuestros propios derechos y no sujetas a que alguien más nos violente, nos discrimine, nos violente y nos asesine, como está ocurriendo”, dijo Adriana Castillo.

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la situación de falta de seguridad jurídica en que se encuentran las mujeres trabajadoras sexuales en América. La CIDH urge a los Estados de la región a diseñar normativas y políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluyendo medidas para proteger su vida, su integridad, su honra y dignidad, así como para poner fin a la estigmatización y discriminación de la que son objeto.

La CIDH recibió información alarmante sobre la situación de derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en América durante una audiencia celebrada el 18 de marzo de 2017 en el marco del 161 Período de Sesiones de la CIDH.  “Se trata de una audiencia de carácter histórico, ya que es la primera vez que se aborda este tema en este ámbito”, dijo la Comisionada Margarette Macaulay, quien presidió la audiencia y es Relatora de la Comisión Interamericana sobre los Derechos de las Mujeres.  “La información recibida es sumamente preocupante y desde la Relatoría vamos a trabajar en incluir el tema de las trabajadoras sexuales en todos nuestros trabajos sobre los derechos de las mujeres”, agregó.

Las solicitantes de la audiencia expusieron sobre el alto índice de asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales, el alto índice de impunidad que existe para esos crímenes, las barreras en el acceso a la justicia, la violencia institucional por parte de fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y otros agentes estatales, entre otros graves problemas. Asimismo, plantearon problemas en la aplicación de las leyes y normativas contra el tráfico de personas, indicando que muchas veces los operativos terminan perjudicando a las mujeres trabajadoras sexuales.

“Los Estados deben adoptar leyes que reconozcan nuestra actividad de trabajadoras sexuales como una actividad lícita y generar políticas públicas para generar mejores condiciones de trabajo para nosotras. El mundo dice que nuestro trabajo es indigno. Nosotras decimos que el trabajo siempre es digno, pero son indignas las malas condiciones en que hoy estamos sumergidas las trabajadoras sexuales en la región”, dijo la presidenta de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), Elena Reynaga.

Respondiendo a los comentarios de las participantes, la Comisionada Macaulay manifestó su acuerdo con que el trabajo siempre es digno, y señaló que lo que es indigno es, por ejemplo, la forma en que son tratadas las trabajadoras sexuales por parte de agentes estatales, por ejemplo fuerzas policiales y jueces y juezas. De manera de progresar en la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales, el trabajo sexual debería ser descriminalizado.

Al exponer cifras sobre el alto número de asesinatos de trabajadoras sexuales en diversos países de la región, Maria Lucila Esquivel, otra líder de la RedTraSex, señaló que la motivación de estos homicidios es “por negarse a trabajar o continuar trabajando para proxenetas, por negarse a abonar cuotas a las mafias, a las maras, o a las fuerzas de seguridad para poder seguir ejerciendo su trabajo, por llevar adelante denuncias contra determinados sectores de poder que buscan lucrar con el trabajo sexual, por el sólo hecho de ser trabajadoras sexuales, donde operan factores de estigma y discriminación, por ejercer el trabajo en espacios absolutamente inseguros, conocidos como zonas liberadas”.

Estos crímenes suelen quedar en la impunidad. “Rara vez aparecen los culpables y las investigaciones no se concluyen. Esto se debe al estigma que pesa sobre nosotras”, explicó Esquivel. Puntualizó que algunas familias no quieren hacer seguimiento de la investigación para que no se sepa que hacían trabajo sexual, otras familias no cuentan con los recursos económicos o conocimiento sobre cómo acceder a la justicia, y en otros casos que familiares deciden impulsar las investigaciones, suelen enfrentar amenazas y amedrentamientos para que cesen del intento.

Las participantes aportaron el resultado de una investigación que indica que 7 de cada 10 mujeres trabajadoras sexuales fueron víctimas de violencia en el último año. “Casi 9 de cada 10 de estas mujeres identificó que sus agresores eran policías, fuerzas armadas, agentes de migración y funcionarios de justicia. Es decir, en la mayoría de los casos se trató de violencia institucional”, dijo Haydeé Laínez Cabrera, otra dirigente de RedTraSex. El mismo estudio señala que 8 de cada 10 trabajadoras sexuales no hacen denuncias.

“Lo más grave de esta situación es la absoluta desprotección. Si alguien te violenta, deberías denunciarlo. Qué pasa si ese alguien agresor encarna justamente la institución donde debes llevar tu denuncia? La policía o la justicia? Lo que sentimos ante esta situación es impotencia. Sientes que no puedes hacer nada, sientes que otro puede agredirte, humillarte y tiene impunidad absoluta para vulnerar nuestros derechos”, dijo.

Otro tema preocupante planteado en la audiencia fue el impacto negativo que tiene sobre las trabajadoras sexuales las leyes de combate al tráfico de personas. El tratamiento que se le ha dado en la mayoría de los países “no realiza una clara distinción entre la trata de personas y el trabajo autónomo, y generan distintas formas de intervención policial, judicial y administrativa que redundan en una criminalización del trabajo sexual, reducen los ámbitos de trabajo posible para las trabajadoras sexuales autónomas, y termina afectando gravemente los derechos humanos de las mujeres que realizamos esta actividad por decisión propia”, dijo María Lucila Esquivel. “Los procedimientos irregulares que se anuncian como de rescate de víctimas de trata, en la práctica resultan en persecución a las mujeres trabajadoras sexuales, en lugar de perseguir a proxenetas y explotadores”.

Por su parte, Elena Reynaga solicitó que “los Estados realmente nos tomen como actoras políticas valiosas, y no como esa cosa que mejor escondamos bajo la alfombra”, y que se legisle el trabajo sexual como legítimo y legal, porque eso “va a ayudar a combatir el tráfico de personas”.

Las participantes plantearon entre sus solicitudes a la CIDH que se avance en diferenciar claramente trabajo sexual de trata y tráfico, así como explotación sexual y explotación laboral, tanto a nivel legislativo como de políticas públicas nacionales, generar políticas públicas eficientes para prevenir, combatir y sancionar la discriminación y la violencia contra las trabajadoras sexuales, establecer mecanismos efectivos de protección frente a la actuación de las fuerzas de seguridad e instituciones públicas que desarrollan discriminación y violencia hacia las trabajadoras sexuales, promover el desarrollo de normativas que regulen el trabajo sexual, sin criminalizarlo, y garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de las mujeres trabajadoras sexuales en el marco del respeto de sus derechos humanos.

“Es de urgencia una ley nacional en toda Latinoamérica una ley que reivindique el trabajo sexual, una ley que nos vea como seres humanas sujetas de nuestros propios derechos y no sujetas a que alguien más nos violente, nos discrimine, nos violente y nos asesine, como está ocurriendo”, dijo Adriana Castillo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Ante la inseguridad:Autoprotección. por Rubén Blanca Díaz*


La prensa no solo de México, sino de diferentes países del mundo destacó los hechos ocurridos la semana pasada en un casino ubicado en la ciudad de Monterrey, donde, tras un incendio alevoso y premeditado, fallecieron 53 personas, segun las cifras dadas a conocer por la autoridad; prensa de Estados Unidos, Europa y América Latina, siguieron de cerca los hechos e informaron que se investiga cómo fue que una docena de hombres inició un incendio en el casino Royal, la pagina web de CNN Mexico destaca que diversos diarios internacionales como El diario ‘The Guardian’ de Reino Unido reportan que este es el peor ataque del crimen organizado contra la sociedad civil desde 2006 en México, cuando se inició la ofensiva del Gobierno federal, en Brasil, el diario Globo destacó el llamado del presidente Felipe Calderón, a combatir a los «terroristas» que actuaron en Monterrey contra la población,estas notas publicadas en los rotativos extranjeros no solo reflejan, sino confirman de manera desafortunada, de que en el Estado Mexicano (entendido este no solo como el gobierno, sino la sociedad en su conjunto)  no solo se ha perdido «el control» del crimen tanto común y organizado, sino ha dado pauta al inicio de «actividades criminales» que encuadran con la definición de «terrorismo», entendido este como «el uso sistemático del terror,para coaccionar a sociedades o gobiernos», «se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra»,en el portal de Wikipedia me llamó la atención que dentro de la «definición de las actividades terroristas» se detallan los instrumentos utilizados para implementar dicho mecanismo, o «actos terroristas»,  incluyendo  «diversas formas de violencia física contra las personas, como el secuestro, la tortura o la ejecución extrajudicial; diversas formas de violencia moral, como la amenaza de las anteriores o la presión social; diversas formas de violencia contra los bienes privados y públicos, como la destrucción de los mismos con materiales explosivos o incendiarios», finalmente define que uno de los instrumentos más utilizados por los «grupos terroristas» es el atentado con explosivos contra blancos militares o civiles para provocar muertes indiscriminadas o no.  Aunque en un nivel académico «dada la magnitud del hecho», si bien la autoridad usa el termino «terrorismo» para referirse a estos actos de barbarie,optaremos por atendelos exclusivamente a la naturaleza de los incidentes como «inseguridad extrema».Esta situación o estado de cosas, independientemente de otras problematicas sociologicas que han dado origen a la misma, no pueden pasarse por alto para nuestra comunidad, familia, amigos, para nosotros, ya que si el Estado no puede cumplir con su cometido primordial de «garantizar la seguridad de los ciudadanos» (ver articulo anterior), una de las maneras mas adecuadas de enfrentar tal situacion de «creciente inseguridad publica» lo es la «autoproteccion» entendida esta como el conjunto de normas y conductas de protección que adopta una persona como sujeto independiente, para su autoprotección y seguridad, previniendo situaciones de emergencia que puedan suponer un peligro al ciudadano, «protegerse a uno mismo o por si mismo». El término autoprotección tiene pues todas esas connotaciones: acciones encaminadas a la protección, realizadas por uno mismo, para si mismo; los mismos fundamentos que dieron origen al nacimiento de la «defensa civil» en las ciudades en «tiempo de guerra», como el llamado donde acudían los vecinos para alertar del crecimiento anormal del cauce del río, salvar personas, ganado o bienes del fuego etc; parece que no tenemos otra salida,no podemos tener un policia en cada centro de trabajo, reunion o evento, ni tampoco tendríamos la logistica y la organización para crear una «policia civil» (alguno de nosotros como policia), por lo que la unica opcion es aplicar «medidas de autoprotección»; el Foro de Profesionales Latinoamericanos en seguridad, afirma en uno de sus artículos que  en «nuestros países»  existen delincuentes violentos, mafias, pandillas, narcotráfico y secuestro que han transformado «los lugares donde vivimos» en «zonas de guerra» y que este escenario requiere extremar las » Medidas de autoprotección», ya que parece que hubiéramos perdido nuestra libertad, lo que efectivamente ha ocurrido, y hoy tras las rejas estamos nosotros, no los delincuentes, por lo que sugiere dar a todos los habitantes algunos de los consejos mas adecuados  para contrarrestar ello, aqui les reproduzco algunos:

1. Ser tolerante: 

Si usted va manejando y alguien le pide paso o lo quiere rebasar, hágase a un lado; no sabe quien es, ni porque tiene prisa. No pelee ni reclame porque alguien viene apurando el tráfico o porque le cerró el paso, respire profundamente, cuente hasta 10 y VALORE SU VIDA.

2. Ser cuidadoso: 

Frecuentar centros comerciales, bares, discotecas, etcétera, puede ya no ser seguro. En varios países el narcotráfico se ha apoderado de estos lugares. Si el caso es este, hable con sus amigos y empiecen a reunirse en sus casas para divertirse y conversar un rato.

3. Ser humilde: 

A veces nos gusta presumir de lo que tenemos, pero estos tiempos requieren actuar con bajo perfil. Si usted tiene dinero, me alegro por usted, pero no lo proclame a los cuatro vientos, ni se deje ver lleno de bolsas de negocios caros, con ropas, joyas o vehículos costosos, etcétera. Los delincuentes andan buscando a esa gente que aparenta tener dinero para secuestrarlos.

4. Ser prudente: 

Ser valiente puede tener consecuencias. Si usted ve que le están haciendo daño a alguien o sabe donde tienen a alguien secuestrado, avise PERO… si es posible, no hable cerca del lugar, ni de su propio celular, ni de un teléfono local. Siempre que pueda utilice un teléfono PÚBLICO y haga la denuncia de modo anónimo.

5. Ser agil: 

Si esta en tu automóvil y queda en medio de un tiroteo, agáchese hasta el piso del vehiculo y cubra su cabeza con ambas manos; si lleva niños en el automóvil, agárrelos fuerte y échese al piso con ellos. Si esta caminando y le toca un tiroteo, no salga corriendo ya que lo pueden confundir; mejor tírese al piso y cubra su cabeza con ambas manos.

6. Ser inteligente: 

 El narcotráfico también es dueño de los negocios sucios, como la piratería. Deje de comprar piratería, si no le alcanza el dinero para comprar un CD original entonces vaya a un café de Internet y baje su música, pero no compre CDs piratas ya que al comprarlo apoya la economía de estos individuos. También esta explotando el negocio de los medicamentos pirateados, vendidos fuera de las farmacias legalmente habilitadas… solo que los fármacos piratas en general no sirven, ya que no contienen el principio activo del fármaco original

7. Ser reservado:

Cierre la boca en lugares públicos y no hable de que la delincuencia lo tiene harto, de que sabe donde están los mafiosos, o de que quiere hacer algo por parar la delincuencia. Usted no sabe quien esta sentado a su lado en el restaurante, en el parque o en misa. Resérvese sus comentarios. Proteja su vida.

8. Sea prevenido: 

Los delincuentes prefieren operar de noche. Si su zona se ha vuelto muy riesgosa y tiene hijos menores a los que les encanta salir, es tiempo de hablar seriamente con ellos y, si lo juzga necesario, sepa quitarles las llaves de los automóviles y prohibirles salir por la noche. Ellos protestaran de mejor o peor modo, pero es mejor soportar sus protestas a lamentar desgracias irreparables.

9. Ser desconfiado: 

No conocemos a nuestros vecinos, a quienes sacan conversación en el supermercado, a nuestros clientes, etcétera. Es preferible no confiar nuestras opiniones a desconocidos.

10. Ser sutil:

Publicar sus fotos o las de su familia en Facebook, My Space o similares puede ser divertido, pero no publique fotos de viajes, de los automóviles de la familia, de su casa o de sus actividades ordinarias. Los dueños de lo ajeno se han convertido en expertos en obtener información desde Internet, donde ven como le va a usted y a su familia. También tenga mucho cuidado con lo que están publicando sus hijos; haga que se lo muestren!

11. Ser muy privado:

 Seleccione con MUCHO cuidado al personal que trabaja en su casa (jardineros, obreros, personal de servicio fijo o por día) y sea precavido en el trato. En casa no deje en lugares accesibles sus estados de cuenta, chequeras, dinero, documentos legales, dinero. Limite al mínimo la información personal que brinda; que no se sepa de sus propiedades, vivienda, familia, negocios, cuentas, viajes, etcétera. Trate de tener siempre una fotografía y copia de la identificación de los empleados de la casa… incluyendo las de los guardias que supuestamente lo cuidan (¿Que sabe de ellos?)

12. A puertas cerradas: 

Que en su casa no abran la puerta a menos que la persona esté completamente identificada. No compre nada que le lleguen a ofrecer a la puerta; no abra para entregar donaciones solicitadas por desconocidos, abandone la costumbre de vender el material reciclable a quien llega a comprarlo a la puerta, instruya a su familia para que no abra para recibir paquetes o entregas inesperadas (si es legitimo, puede reclamar el paquete luego).

13. Menos es más: 

Lleve siempre poco dinero en efectivo. Para todos los días use una tarjeta con un limite de crédito bajo y guarde las tarjetas gold / platinum card bajo llave para cuando las necesite (que su personal de servicio tampoco las vea). Abra varias cuentas de banco para los gastos corrientes y divida los depósitos y gastos, para no dar la impresión de disponer de recursos inmediatos.

14. Si todo falla, entregue lo que pidan: 

Si desafortunadamente es victima de un asalto, mantenga la calma. No haga ningún movimiento que los ponga nerviosos, no les mire la cara, entregue lo que le pidan y trate de alejarse calmadamente. Oponer resistencia le puede costar la vida.

Espero sus comentarios nos leemos la proxima semana, asimismo tengo el agrado de invitarlos a la primera transmisión del programa «Cultura Juridica» este 31 de agosto por sintonia UVP a las 17 horas, todos los miercoles, tendremos cuatro secciones, en La noticia jurídica de la semana, hablaremos del «Estado fallido» , en Diálogos (espacio de entrevista y analisis)tendremos una charla y como madrina e invitada de honor a la Mtra. Marlem Montes Gamboa Coordinadora del Bufete Juridico de la Universidad del Valle de Puebla con el tema «La enseñanza del derecho en el futuro, ante la inestabilidad social», en Mundo legal (analisis de la ley de manera sencilla y entendible) Analizaremos las reformas  a la ley de amparo ante los «derechos humanos y sus garantías», en Tu y la ley tendremos las interrogantes de los radioescuhas y una encuesta con la comunidad universitaria sobre su percepción de la inseguridad  http://www.uvp.edu.mx/sintonia.php

Referencias:

http://forodeseguridad.com/

http://wikipedia.org/

http://mexico.cnn.com/

https://asesoriajygestoria.wordpress.com/

Los invito a sumarse a la 1RA GRAN CAMPAÑA «CAMBIO ACTITUD Y FOMENTO VALORES HUMANOS Y CIUDADANOS» organizada por Todos Somos Puebla http://www.facebook.com/event.php?eid=250227738338190

*Ruben Blanca Diaz, es Abogado postulante, Maestro en Derecho y Ciencias Penales, activista, docente en la Universidad del Valle de Puebla, investigador y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE)

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El Estado Fallido:una aproximación por Rubén Blanca Díaz*


La semana anterior, inicié con mis alumnos de comunicación y publicidad dentro de la asignatura de «normatividad de la comunicación» el tema concepto, estructura y funciones del Estado, y que la forma actual y moderna de «organización social, politica y juridica» que tenemos es producto de la evolución antropologica, social, normativa y comunicativa del hombre, estudio hecho con la fin de entender y aterrizar el porqué de las leyes, las instituciones, la autoridad y el orden dentro de toda sociedad, comentando los elementos que integran al Estado (poblacion, territorio, poder o gobierno) estudiamos que dentro del elemento  «poder o gobierno» se identificaban «tres entidades» que ejercen «en equilibrio» dicho poder y que garantizan entre otras cosas, la cohesión social en dicho estado mediante el uso legitimo de la fuerza, la dotación de los satisfactores minimos a la «población» y la conservación del «territorio», siendo estos el «Ejecutivo» que aplica la ley el «Legislativo» que crea, modifica o deja sin efectos la ley y el «Judicial» que resuelve las controversias derivadas de la aplicación de la ley y que en todos los actuales  Estado-Nación (España, Francia, Mexico, etc), existe la misma forma de organización o ejercicio del Poder y que Estado en el que no se cumplen «minimamente» dichas funciones puede considerarse un «Estado Fallido»  y de ahi que en esta ocasión hagamos un aproximación sobre el tema, en virtud de la situación actual de desproporcionada  inseguridad y corrupción en el «Estado Mexicano».-

El término estado Fallido, es utilizado por comentaristas de temas políticos  y periodistas,  para describir un «Estado» que, se considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos y perdida del uso legitimo de la fuerza. Con el fin de hacer más precisa la definición, El centro de estudios «Fund for Peace»   (www.fundforpeace.org/)  ha dado  algunos  parámetros, para así considerarlo:

1.-Pérdida de control físico del territorio, o del «monopolio en el uso legítimo de la fuerza».

2.-Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones.

3.-Incapacidad para suministrar servicios básicos.

4.-Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional.

En términos generales, un «Estado fallido» se caracteriza por un fracaso social, político y económico, caracterizándose por tener un gobierno tan débil o ineficaz, que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica.Sin embargo, el grado de control gubernamental que se necesita, para que un Estado «no se considere como fallido», es multifactorial y variable.

En un «sentido amplio», el término «Estado Fallido» se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz, teniendo sólo un control nominal sobre su territorio, en el sentido de tener «grupos armados o criminales» desafiando directamente la autoridad del Estado, no poder hacer cumplir sus leyes debido a las «altas tasas de criminalidad», a la «corrupción extrema», a un extenso mercado informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial e interferencia militar en la política. (the found of pace.org)

Si bien, el concepto de Estado fallido puede ser entendido de muchas maneras, estamos de acuerdo que» la protección y la seguridad de los ciudadanos» es la premisa esencia,sobre la cual determinar si un Estado es fallido o no. Esto ha sido evidente desde hace siglos en donde los estudiosos del origen del Estado, como Hobbes y Locke, argumentaron que el Estado fue creado, en primer lugar, «para la seguridad de los ciudadanos». El académico estadounidense Noam Chomsky y otros estudios como el de la organización «Fund for Peace» definen un «Estado fallido» como aquel que «no tiene capacidad»  para proteger a sus ciudadanos de la violencia e incluso de la destrucción.

Los parametros de fracaso estatal son diversos. Académicos han tratado de delinear una tabla de indicadores que es necesario atender si es queremos emplear el termino.» El Fondo para la Paz y la revista Foreign Policy»  (Found forpeace.org) han desarrollado un método para medir la vulnerabilidad del Estado. Doce indicadores para precisar el fracaso de un Estado. Mediciones de procesos sociales, económicos y propiamente políticos. Entre los «indicadores sociales», los cartógrafos del fracaso estatal consideran inmanejables presiones demográficas: disputas de tierra, insuficiencia de recursos para atender a una población creciente, tensiones por límites fronterizos; inestabilidad por el desarraigo de grandes poblaciones que huyen de la persecución religiosa o política; una larga historia de resentimientos y de exclusiones étnicas, un patrón de violencia entre comunidades que no recibe castigo, en términos económicos, un Estado fallido se caracteriza por distintos signos de alarma: un acelerado descenso de los niveles de vida, aumento de mortalidad infantil y de la pobreza, inflación desbocada, escasez. En el ámbito político, el Estado camina al fracaso cuando su gobierno es incapaz de cobrar impuestos, cuando se boicotean las elecciones y prospera la desobediencia civil. Los servicios públicos se deterioran y apenas sirven para el interés de la clase gobernante. La violencia política prevalece, emergen milicias privadas y grupos paramilitares mientras organizaciones internacionales se instalan para procurar cierto orden y proveer servicios mínimos a la población. «Estados-Nación» como Afganistán, Somalia, Sudán, Zimbabwe o el Congo, se encuentran dentro de «estos parametros», los que no podemos encontrar en el «Estado-Nacion» Mexicano por «grave» que sea su situación de inseguridad y corrupción, que dichos «problemas en México» no lo coloquen en la lista de «los Estados fallidos» no significa que su Estado «funciona bien y eficazmente, que garantiza el orden, que respeta puntualmente sus reglas y que provee servicios de buena calidad a toda su población«. La crisis del Estado Mexicano «es seriay preocupante en todos sentidos» y los peligros que corremos, si el gobierno fracasa, son enormes, nuestro «Estado es debil e ineficaz», está penetrado por intereses particulares y por las fuerzas del crimen común y organizado, no es capaz de garantizar la legalidad ni la tranquilidad pública en todo el territorio del país y en algunas regiones, ha sido abiertamente rebasado por las organizaciones criminales (narcotrafico,armas,trata de personas etc), estas organizaciones subsisten y se enriquecen porque hay un «Estado debil y permeado»,  para que el crimen organizado «haga de las suyas»  es indispensable una «estructura gubernamental «con funcionarios «corrompibles», si bien, nuestro país no es un estado fallido si camina hacia allá. Es un «Estado sumamente débil, impregnado por el delito y profundamente ineficaz», la situación es por demás alarmante.

Pese los esfuerzos institucionales para revertir «esta situación», en algunos circulos académicos nacionales e internacionales, México ya es considerado  un «Estado fallido» por «No tener el monopolio de la fuerza», ya que para los segundos México, se ha convertido en un país que no puede garantizar el ejercicio de los derechos a sus ciudadanos, que no tiene un poder judicial capaz de encarcelar a los narcotraficantes y con zonas del país sobre las que el control territorial lo ejercen los delincuentes: desde el acceso a las carreteras, hasta la movilidad de las personas, es decir el crimen organizado (narcos, etc) le han usurpado la soberanía al Estado.

Entender la estructura del Estado, en particular el nuestro y sus funciones,  ayudan a  los estudiantes como parte de la ciudadanía, a comprender el porqué de muchos problemas que nos aquejan como sociedad, la debilidad de las Instituciones y que nos dan una aproximación del «Estado fallido», que si bien el perfil de México no se ajusta al mismo, debe ser un «foco de gran alarma presente y de futuro inmediato» para que desde las aulas busquemos las soluciones al «Estado de las cosas» que sin duda nos afectan y que amenazan nuestra tranquilidad y estabilidad como Nación, espero sus comentarios nos leemos la proxima semana, asimismo tengo el agrado de invitarlos a la primera transmisión del programa «Cultura Juridica» por sintonia UVP todos los miercoles a las 17 horas, con el tema «La enseñanza del derecho en el futuro, ante la inestabilidad sociall» teniendo como madrina e invitada de honor a la Mtra. Marlem Montes Gamboa Coordinadora del Bufete Juridico de la UVP  http://www.uvp.edu.mx/sintonia.php

Referencias:

http://www.foundforpeace.org/

http://www.ejournal.unam.mx/

http://www.jornada.unam.mx/

http://www.catarina.udlap.mx/

Los invito a sumarse a la 1RA GRAN CAMPAÑA «CAMBIO ACTITUD Y FOMENTO VALORES HUMANOS Y CIUDADANOS» organizada por Todos Somos Puebla http://www.facebook.com/event.php?eid=250227738338190

*Ruben Blanca Diaz, es Abogado postulante, Maestro en Ciencias Penales, activista, docente en la Universidad del Valle de Puebla, investigador y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE)

Destacado

TODOS SOMOS PUEBLA¡ NO AL AUMENTO DEL PASAJE PLEBISCITO YA»


En términos de lo que establecen los artículos 6,7 y 8 de nuestra Constitución General de la República,85, 138 de la Constitución Política del Estado de Puebla que garantizan a todo individuo el derecho a la libertad de expresión, libertad de manifestación y de petición política.-

A TODOS LOS SIMPATIZANTES Y ORGANIZACIONES  ADHERENTES A LA CAUSA «¡TODOS SOMOS PUEBLA¡ NO AL AUMENTO DEL PASAJE PLEBISCITO YA» SE LES RECUERDA QUE HOY  7 DE ENERO A LAS 17 HORAS ES LA «1RA GRAN MOVILIZACIÓN» EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE PUEBLA,(PUNTO DE REUNIÓN EN LA FUENTE)

  • A LOS ASISTENTES ATENTAMENTE SE LES SOLICITA LO SIGUIENTE.
  • En todo momento salvaguardar el orden público y la civilidad ciudadana
  • Que cada asistente lleve una pancarta o manta con leyenda «Todos Somos Puebla No al aumento del pasaje plebiscito ya» , así como peticiones relacionadas el tema, de cualquier material aunque sea reciclado,
  • No referirse a las autoridades con insultos o palabras altisonantes, el respeto ante todo
  • Difusión del evento a través de cada uno de sus contactos y de medios de comunicación
  • Algún voluntario que aporte un equipo de sonido móvil de preferencia
  • 10 Voluntarios que nos apoyen para recabar firmas, ya tenemos los formatos
  • El movimiento debe ser totalmente ciudadano y pacífico, las firmas que se recolecten servirán para hacer la petición formal por escrito y debidamente fundado y motivado al Congreso del Estado para la realización de un plebiscito (consulta ciudadana) sobre el tema (aumento, modernización eficiencia entre otros), con copia para el Gobernador Electo y el Instituto Electoral del Estado quien en su caso deberá realizar dicho plebiscito. (articulo 85 de la Constitución Política del Estado)
  • En el evento NO SE PEDIRÁ ningún tipo de aportación económica, solo la voluntaria participación.

…De antemano gracias por tu valiosa y decidida participación..

Atentamente. El Administrador del Grupo

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Fraude Bittnet y Ambit


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SCJN, CNDH Y ORGANISMOS DE NACIONES UNIDAS LLAMAN A GARANTIZAR DERECHOS HUMANOS DE INTEGRANTES DE CARAVANA MIGRANTE


El Ministro Presidente destacó que el corredor de América Central-México-Estados Unidos es uno de los que registra tasa de migración infantil, pues el número de niños migrantes se ha multiplicado casi por diez en los últimos años, en esta región, y cuestionó el hecho de que las políticas púbicas en los países de tránsito o destino, como México estén focalizadas mayoritariamente en el control de la migración.

 

•El trato digno es un mandato tanto en la frontera norte como en la sur. Es necesario, en todos los casos, el respeto irrestricto a las normas de derecho internacional de los derechos humanos en materia de migración, afirmó el Ministro Luis María Aguilar Morales Presidente del Alto Tribunal.

•La llegada de la caravana migrante a la frontera sur del país fue uno de los focos de atención de los participantes en la inauguración del 4º.Foro regional en materia de migración y protección internacional, realizado este viernes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los representantes de las oficinas de los Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para los Refugiados, así como del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) llamaron a garantizar los derechos de los cuatro mil integrantes de la caravana migrante que llegó hoy a la frontera sur de México, procedente de Honduras en su camino hacia Estados Unidos.

Durante la inauguración del 4º Foro regional en materia de migración y protección internacional, el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), expresó su preocupación por la situación por los integrantes de la caravana, particularmente por la de los niños, niñas y adolescentes, al igual que todos los participantes en el encuentro, organizado por la Directora de Estudios, Promoción y Derechos Humanos del Alto Tribunal, Leticia Bonifaz Alfonzo.

El Ministro Presidente destacó que el corredor de América Central-México-Estados Unidos es uno de los que registra tasa de migración infantil, pues el número de niños migrantes se ha multiplicado casi por diez en los últimos años, en esta región, y cuestionó el hecho de que las políticas púbicas en los países de tránsito o destino, como México estén focalizadas mayoritariamente en el control de la migración.

“Se piensa más en la seguridad de las fronteras como objetivo que en la seguridad de los migrantes, especialmente, de las niñas, niños y adolescentes. Y, debo decirlo, el trato digno es un mandato tanto en la frontera norte como en la sur. Es necesario, en todos los casos, el respeto irrestricto a las normas de derecho internacional de los derechos humanos en materia de migración”, sostuvo en el Área de Murales del Alto Tribunal.

La atención mundial se centró en la frontera sur de los Estados Unidos y aunque debemos alzar la voz para señalar las violaciones a derechos humanos que allá se dan, también es nuestro deber institucional vigilar lo que sucede en nuestra propia frontera sur, expuso.

Por ello, anunció que la SCJN apoyará a los tribunales federales de la frontera sur en la tramitación de amparos, que pudieran presentarse por violaciones a los derechos humanos de los integrantes de la caravana.

Ante los asistentes al foro, que tuvo como foco los desafíos en el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, el Ministro Aguilar Morales recordó que la Suprema Corte ha establecido que las decisiones particulares y las medidas de aplicación de autoridades administrativas en esferas como la inmigración, el acceso a la nacionalidad y el asilo, entre otras, deben evaluarse y estar guiadas por el interés superior del niño.

El Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que, más allá de declaraciones formales, especulaciones o consideraciones políticas sobre el origen y motivaciones de la caravana, lo que se tiene en los hechos es una situación extraordinaria que requiere la atención urgente de todos los gobiernos de la región y los organismos internacionales en la materia por involucrar a miles de personas que requieren protección a sus derechos y respeto a su dignidad.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideró que la etapa de transición que vive el país es una oportunidad para cambiar las prácticas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes para garantizar el acceso a la justicia, a los derechos humanos y privilegiar el interés superior del niño.

El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manly, consideró que la caravana migrante representa una oportunidad para que México pueda consolidar un sistema de asilo, armonizando las disposiciones de las leyes generales de derechos de las niñas, niños y adolescentes y de migración y refugio, con respeto a los derechos humanos y a los estándares internacionales.

Christian Skoog, representante de UNICEF México, reflexionó sobre la necesidad de que se atiendan las recomendaciones conjuntas emitidas por los comités de los derechos del niño y de los trabajadores migratorios de Naciones unidas, a fin de garantizar los derechos al debido proceso, la asistencia consular, entre otros de niñas, niñas y adolescentes en situación de movilidad.

Ana Saiz Valenzuela, directora de la organización civil Sin Fronteras, destacó que la caravana migrante representa una oportunidad para operadores jurídicos y defensores de derechos humanos para evaluar cómo funcionan nuestras leyes y procedimientos a fin de garantizar que los migrantes tengan acceso a una tutela judicial efectiva que, en muchos casos, no solo representa un futuro mejor sino incluso la posibilidad de salvar la vida.

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INVALIDÓ LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR EN SU TOTALIDAD


El Tribunal Constitucional de nuestro país determinó, en esencia, que dicha Ley resultaba inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la totalidad de la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

Por decisión de la mayoría de sus integrantes, el Tribunal Constitucional de nuestro país determinó, en esencia, que dicha Ley resultaba inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional. Asimismo, una parte de sus miembros se pronunció por la incompetencia del Congreso de la Unión para legislar en la materia de seguridad interior.

Con esta resolución la Suprema Corte dio por terminada la revisión de la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 11/2018, promovidas por diputados federales, senadores, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Partido Político Movimiento Ciudadano, en contra de la referida Ley de Seguridad Interior.

Expertos internacionales llaman a México a que asegure un financiamiento continuo y suficiente para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México


El Mecanismo proporciona protección a más de 700 personas. Durante 2018, varias autoridades y organizaciones de la sociedad civil dieron la alarma de que los fondos del Mecanismo se agotarían a fines de septiembre. El 5 de septiembre, la Junta de Gobierno del Mecanismo advirtió sobre la inminente falta de recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones y el hecho de que el Gobierno no haya cumplido con sus compromisos”. Desde 2016, el presupuesto del Mecanismo ha disminuido y, en 2017, también enfrentó una crisis financiera.

 

Washington – DC. – En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, cuatro expertos en derechos humanos instan al Gobierno de México a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar una financiación continua y suficiente para el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para prevenir futuras crisis financieras.

Los expertos de las Naciones Unidas y la CIDH constataron que el Mecanismo de Protección había logrado avances significativos, pero aún carece de recursos suficientes para ejercer plenamente su mandato.

Los expertos también resaltan sus preocupaciones con respecto a los escasos avances en la erradicación de la impunidad de los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos. En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, los expertos estiman que es imperativo que las autoridades mexicanas fortalezcan el papel de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que pueda utilizar su autoridad legal para investigar y procesar crímenes contra periodistas.

«Recibimos con beneplácito las medidas adoptadas por el Gobierno de México para proporcionar fondos para el funcionamiento del Mecanismo de Protección durante todo el período de transición, pero seguimos preocupados por los desafíos financieros recurrentes que han impedido su funcionamiento continuo», dijeron.

El Mecanismo proporciona protección a más de 700 personas. Durante 2018, varias autoridades y organizaciones de la sociedad civil dieron la alarma de que los fondos del Mecanismo se agotarían a fines de septiembre. El 5 de septiembre, la Junta de Gobierno del Mecanismo advirtió sobre la inminente falta de recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones y el hecho de que el Gobierno no haya cumplido con sus compromisos”. Desde 2016, el presupuesto del Mecanismo ha disminuido y, en 2017, también enfrentó una crisis financiera.

Después de su visita a México, los Relatores observaron que el Mecanismo es la política pública más importante para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas en el país. «México es uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de derechos humanos y periodistas, y un Mecanismo de Protección completamente financiado es simplemente esencial para prevenir efectivamente más ataques», afirmaron.

Los expertos reiteran que «un ambicioso esfuerzo del Gobierno para aumentar las capacidades y el presupuesto del Mecanismo servirá al objetivo de una mejor protección y también enviará un mensaje de voluntad política para hacer de la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos una prioridad nacional».

Los expertos llaman a las autoridades mexicanas a que refuercen las capacidades y provean fondos adecuados para los fiscales encargados de investigar y procesar los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos, al adoptar, entre otros, un protocolo de investigación, reforzar las estrategias de investigación y la capacitación, reorganizar su estructura interna, mejorar la comunicación con las víctimas y aumentar la coordinación con las autoridades locales. Asimismo, toman nota de las acciones emprendidas recientemente por FEADLE para ejercer jurisdicción sobre las investigaciones de los asesinatos de los periodistas Javier Valdez y Miroslava Breach en 2017 y arrestar a los posibles autores de estos crímenes.

Los expertos destacan su voluntad de continuar colaborando con el gobierno mexicano para fortalecer el Mecanismo y la implementación adecuada y completa de las recomendaciones emitidas durante y después de sus visitas oficiales al país.

*Los expertos: El Sr. David KayeRelator Especial de la ONU sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresiónEl Sr. Michel ForstRelator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos human El Sr. Edison LanzaRelator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanosy El Sr. Francisco José Eguiguren PraeliRelator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Sr. Kaye y el Sr. Forst, como Relatores Especiales de la ONU, forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

  El Sr. Lanza fue nombrado Relator Especial para la Libertad de Expresión en julio de 2014 por la Comision Interamericana de Derechos Humanos. La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión fue creada por la CIDH para promover la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, dado el papel fundamental que este derecho desempeña en la consolidación y desarrollo del sistema democrático. 

El Sr. Francisco José Eguiguren Praeli, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue elegido el 16 de junio de 2015, por la Asamblea General de la OEA, para un mandato de 4 años que termina el 31 de diciembre de 2019. Un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH deriva su mandato de la carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover el respeto a los derechos humanos en la región y actúa como un órgano consultivo de la OEA en esta área. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por capacidad individual por la Asamblea General de la OEA y que no representan sus países de origen o de residencia.

CIDH insta a Estados Unidos a suspender la ejecución de Roberto Moreno Ramos


La Comisión Interamericana ha tratado la pena de muerte como un desafío crucial para los derechos humanos durante décadas. Aunque la mayoría de los Estados miembros de la OEA han abolido la pena capital, una minoría sustancial la mantiene. La CIDH reitera la recomendación formulada en su informe La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: de Restricción a Abolición, que los Estados impongan una moratoria sobre las ejecuciones como un paso hacia la abolición gradual de la pena de muerte.

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados Unidos de América a suspender la ejecución del ciudadano mexicano Roberto Moreno Ramos prevista para el 14 de noviembre de 2018 en el estado de Texas, y a otorgarle una reparación efectiva. Los Estados Unidos están sujetos a las obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre desde que ingresó en la OEA en 1951. En consecuencia, la CIDH insta a los Estados Unidos, y en particular al Estado de Texas, a que respeten plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El 8 de noviembre de 2002, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Roberto Moreno Ramos, solicitando que Estados Unidos tomara medidas para preservar su vida en espera de que la Comisión investigara las alegaciones contenidas en su petición.

La CIDH adoptó el Informe de Admisibilidad No. 61/03 el 10 de octubre de 2003. El 28 de enero de 2005, la Comisión adoptó el Informe de Fondo No. 1/05, en el cual concluyó que los Estados Unidos eran responsables de violar los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso legal y a un juicio justo con respecto a los procesos penales que llevaron a la imposición de la pena de muerte contra Roberto Moreno Ramos. En dicho informe, la CIDH concluyó que si el Estado lo ejecutara de conformidad con el proceso penal en cuestión, cometería una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida garantizado en el artículo I de la Declaración Americana. Además, la CIDH recomendó a los Estados Unidos que proporcionara a Roberto Moreno Ramos un recurso efectivo, incluida una nueva audiencia de sentencia de conformidad con las protecciones de igualdad, debido proceso y juicio justo establecidas en la Declaración Americana, incluido el derecho a una representación legal competente. A pesar de haber hecho esta recomendación en 2005, el Estado no ha tomado medidas para cumplirla. La CIDH celebró una reunión de trabajo sobre el caso de Roberto Moreno Ramos entre Estados Unidos y el peticionario el 2 de octubre de 2018, durante su 169º Período de Sesiones, en la que la Comisión hizo un llamado urgente al Estado para que detenga su ejecución y cumpla con las recomendaciones de la CIDH.

La Comisión Interamericana recuerda al Estado que, al llevar a cabo la ejecución de Roberto Moreno Ramos, cometería una grave e irreparable violación del derecho fundamental a la vida consagrado en el artículo I de la Declaración Americana. Además, significaría que el Estado ha incumplido las recomendaciones de la CIDH, una acción que va en contra de las obligaciones internacionales de derechos humanos de los Estados Unidos como Estado Miembro de la OEA en virtud de la Carta de la OEA y otros instrumentos relacionados.

La Comisión también insta a los Estados Unidos a que cumplan las medidas de no repetición recomendadas en el Informe de Fondo. Los Estados Unidos deben revisar sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que los extranjeros que son arrestados o encarcelados o que están bajo custodia en espera de juicio, o que son detenidos de cualquier otra manera en los Estados Unidos, sean informados sin demora de su derecho a la información sobre la asistencia consular y que, con la aprobación de la persona, el Consulado apropiado sea informado sin demora de las circunstancias del extranjero. Además, los Estados Unidos deberían velar por que no se deniegue a los acusados en los procedimientos sobre la pena capital el derecho a recurrir efectivamente a una corte o tribunal competente para impugnar la competencia de su representación legal sobre la base de que la cuestión no se planteó en una etapa anterior del proceso en su contra.

La Comisión Interamericana ha tratado la pena de muerte como un desafío crucial para los derechos humanos durante décadas. Aunque la mayoría de los Estados miembros de la OEA han abolido la pena capital, una minoría sustancial la mantiene. La CIDH reitera la recomendación formulada en su informe La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: de Restricción a Abolición, que los Estados impongan una moratoria sobre las ejecuciones como un paso hacia la abolición gradual de la pena de muerte.

En este sentido, la Comisión acoge con satisfacción la abolición de la pena capital en el estado de Washington el 11 de octubre de 2018, tras una decisión del Tribunal Supremo de Washington que dictaminó que la pena capital se aplicaba de manera arbitraria y sobre la base de prejuicios raciales. La decisión resultó en la conmutación de las sentencias de las 8 personas que actualmente se encontraban en el corredor de la muerte, por cadena perpetua. El estado de Washington se convirtió en el vigésimo estado en prohibir la pena de muerte en el país. Este es un paso significativo, ya que Estados Unidos es actualmente el único Estado miembro de la OEA que está llevando a cabo ejecuciones bajo pena de muerte.

La labor del abogado, indispensable en la preservación del Estado de derecho


  • “El ser abogado es desempeñar una tarea de responsabilidad social, es dedicar la vida a desentrañar y aplicar las normas jurídicas, es tener la oportunidad de ser constructor directo del Estado de derecho, de la convivencia social, de la defensa de los derechos de las personas, no importa cuál sea el ámbito en el que lo hagan.”

  • Si la sociedad está basada en el respeto al Estado de derecho, el abogado cumple un papel esencial.
  • Aguilar Morales llamó a los abogados a ser pilares en el combate a la corrupción.

Desde 1960, el 12 de julio se instituyó en México el «Día del Abogado», en conmemoración de la impartición de la Prima de Leyes Instituta, la primera clase de Derecho en nuestro país, dictada en la Real y Pontificia Universidad de México, el mismo día, pero de 1553.

A 465 años de distancia, durante la ceremonia conmemorativa del Día del Abogado, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, hizo un llamado a todos los abogados y abogadas para defender dentro de la legalidad el ejercicio democrático de nuestra sociedad porque, destacó, «no hay verdadera sociedad democrática si no tiene justicia».

En el discurso que dedicó para festejar a quienes ejercen esta profesión, afirmó que el ser abogado no es simplemente haber obtenido el título de Licenciado en Derecho, ni tampoco es disponer de la cédula profesional.

“El ser abogado es desempeñar una tarea de responsabilidad social, es dedicar la vida a desentrañar y aplicar las normas jurídicas, es tener la oportunidad de ser constructor directo del Estado de derecho, de la convivencia social, de la defensa de los derechos de las personas, no importa cuál sea el ámbito en el que lo hagan.”

Por ello, dijo, si la sociedad está basada en el respeto al Estado de derecho, el abogado cumple un papel esencial, pues debe servir a los intereses de la justicia así como a los derechos y libertades que se le han confiado, para defenderlos y hacerlos valer.

Acceda a la cápsula sobre la Ceremonia del Día del Abogado, y escuche el discurso completo en el siguiente podcast.

Tomado con fines informativos de vinculacion@scjn.gob.mx

Relatoría Especial lanza informe conjunto sobre libertad de expresión en México


19 de junio de 2018

Además, el informe conjunto presenta recomendaciones sobre vigilancia digital de comunicadores y defensores de derechos humanos, acceso a la información pública, publicidad oficial y diversidad de medios de comunicación.

Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección de los Derechos a la Libertad de Opinión y Expresión lanzaron este martes, 19/06, el informe final sobre su misión a México. El informe conjunto evalúa la situación del derecho a la libertad de expresión en el país y realiza recomendaciones para la protección de periodistas y la debida investigación de los ataques sufridos por estos profesionales.

Además, el informe conjunto presenta recomendaciones sobre vigilancia digital de comunicadores y defensores de derechos humanos, acceso a la información pública, publicidad oficial y diversidad de medios de comunicación.

Las entidades visitaron el país entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre de 2017 a invitación del gobierno y conversaron con 250 periodistas y representantes de la sociedad civil en 21 unidades federativas diferentes. La misión fue encabezada por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, en conjunto con el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU, David Kaye.

El informe conjunto fue presentado este martes 19 de junio por el Relator Especial David Kaye, durante el Periodo Ordinario de Sesiones Nº 38 del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

CASO POBLETE VILCHES Y OTROS VS. CHILE EL DERECHO A LA SALUD DE UN ADULTO MAYOR FUE VULNERADO POR CHILE *


La Corte IDH se pronunció por primera ocasión respecto el derecho a la salud de manera autónoma, como parte integrante los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en interpretación del artículo 26 de la Convención, así como respecto de los derechos de las personas mayores.

San José, Costa Rica, 21 de junio de 2018.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia mediante la cual declaró, por unanimidad, la responsabilidad internacional del Estado chileno por no garantizar al señor Vinicio Antonio Poblete Vilches su derecho a la salud (artículo 26), sin discriminación, mediante servicios necesarios básicos y urgentes con relación a su situación especial de vulnerabilidad como persona mayor, lo cual derivó en su muerte. Asimismo, declaró que el Estado vulneró los derechos a la vida e integridad personal, en su perjuicio, así como el derecho de obtener el consentimiento informado y al acceso a la información en materia de salud, en perjuicio del señor Poblete y de sus familiares, así como el derecho al acceso a la justicia e integridad personal, en perjuicio de sus familiares, según determinó en su Sentencia dictada el 8 de marzo de 2018 y notificada el día de hoy.

El caso se relaciona con la atención brindada en el Hospital público Sótero del Río al señor Poblete Vilches, quien era una persona mayor de 76 años de edad, en los meses de enero y febrero de 2001. Durante su primer ingreso al hospital se le practicó una intervención, cuando el paciente se encontraba inconsciente, sin el consentimiento de su familia. Además, se le dio de alta de manera temprana sin mayores indicaciones, y durante su segundo ingreso al mismo hospital se le negó el tratamiento que requería, en parte por su edad, derivando posteriormente en su fallecimiento en el mismo hospital el 7 de febrero de 2001. Además, el caso se relaciona con las investigaciones y acciones judiciales que se realizaron para esclarecer su muerte y, en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes, así como las posibles afectaciones que sufrieron sus familiares. La Corte tomó en cuenta el reconocimiento parcial del Estado en cuanto a hechos y derechos en sus términos. Particularmente, de los artículos 1.1, 2, 13, 4, 5, 7, 11, 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Poblete Vilches.

La Corte IDH se pronunció por primera ocasión respecto el derecho a la salud de manera autónoma, como parte integrante los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en interpretación del artículo 26 de la Convención, así como respecto de los derechos de las personas mayores.

En suma, derivado de los estándares desarrollados en la Sentencia y aplicables al presente caso, la Corte desarrolló y determinó que: i) el derecho a la salud es un derecho autónomo protegido por el artículo 26 de la Convención Americana; ii) este derecho en situaciones de urgencia exige a los Estados velar por una adecuada regulación de los servicios de salud, brindando los servicios necesarios de conformidad con los elementos de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, en condiciones de igualdad y sin discriminación, pero también brindando medidas positivas respecto de grupos en situación de vulnerabilidad; iii) las personas mayores gozan de un nivel reforzado de protección respecto de servicios de salud de prevención y urgencia; iv) a fin de que se impute la responsabilidad del Estado por muertes médicas es necesario que se acredite la negación de un servicio esencial o tratamiento pese a la previsibilidad del riesgo que enfrenta el paciente, o bien una negligencia médica grave, y que se corrobore un nexo causal entre la acción y el daño. Cuando se trata de una omisión se debe verificar la probabilidad de que la conducta omitida hubiese interrumpido el proceso causal que desembocó en el resultado dañoso; v) la falta de atención médica adecuada puede conllevar la vulneración de la integridad personal; y vi) el consentimiento informado es una obligación a cargo de las instituciones de salud, las personas mayores ostentan la titularidad de éste derecho, sin embargo, se puede transferir bajo ciertas circunstancias a sus familiares o representantes. Asimismo, persiste el deber de informar a los pacientes o, en su caso cuando proceda, a sus representantes sobre los procedimientos y condición del paciente.

Por tanto, la Corte concluyó de manera general que el Estado chileno es responsable internacionalmente por la falta de garantía de los derechos a la salud (art. 26), vida (art. 4), integridad personal (art. 5), libertad (art. 7), dignidad (art. 11) y acceso a la información (art. 13), en perjuicio del señor Poblete Vilches, en relación con las obligaciones de no discriminación del artículo 1.1. Asimismo, el Estado fue declarado responsable de la violación de los artículos 26, 13, 7 y 11 de la misma, en perjuicio de sus familiares.

La Corte también encontró al Estado responsable por la falta de debida diligencia y plazo razonable en la investigación de los hechos, en contravención de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana. Asimismo, se acreditaron ciertas afectaciones que repercutieron en el seno familiar y en el desarrollo de sus planes de vida, en contravención del artículo 5.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares del señor Poblete Vilches.

En vista de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación integral, inter alia, que: se publique la sentencia; se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad; brindar medidas de rehabilitación para los familiares; implementar programas de educación en derechos humanos; informar sobre avances hospitalarios; fortalecer el Instituto Nacional de Geriatría; publicación de los derechos de las personas mayores en materia de salud; política general de protección integral de las personas mayores, así como otorgar las indemnizaciones correspondientes.

La Suprema Corte vela por los derechos de los varones en su papel de padres


En sus sentencias, los Ministros han establecido que, en principio, ambos progenitores son igualmente aptos para el cuidado de sus hijos e hijas, no obstante los defectos y carencias de la condición humana, lo cual no es motivo para negar la guarda y custodia del menor, salvo que se demuestre que implican un riesgo

La Suprema Corte vela por los derechos de los varones en su papel de padres
La equidad de género constituye un derecho humano que asiste tanto a hombres como mujeres, teniendo como principio que la igualdad no es una moda pasajera, sino una prioridad para el Poder Judicial de la Federación.

En el papel que les corresponde a los varones como padres, el Máximo Tribunal ha reivindicado sus derechos en la tarea de la crianza de los menores.

Es así que la Suprema Corte ha emitido criterios orientadores para resguardar estos derechos, rompiendo con los conceptos tradicionales en materia de guarda, custodia, educación y convivencia de menores de hasta 12 años, de acuerdo a los cuales, su cuidado debía ser conferido invariablemente a sus madres.

En sus sentencias, los Ministros han establecido que, en principio, ambos progenitores son igualmente aptos para el cuidado de sus hijos e hijas, no obstante los defectos y carencias de la condición humana, lo cual no es motivo para negar la guarda y custodia del menor, salvo que se demuestre que implican un riesgo (Tesis: 1a. XLVII/2018.(10a.).

Asimismo, se han tomado decisiones que amplían los derechos de los varones frente a la enorme responsabilidad que significa ser padres, entre las que destacan:

Otorgar la guarda y custodia de menores de edad a la madre, por el hecho de ser mujer, contraviene el principio de igualdad al basarse en estereotipos (Amparo Directo en Revisión 1958/2017).
Es justificado modificar la guarda y custodia de los hijos, cuando uno de los padres impida que convivan con el otro (Amparo Directo en Revisión 2710/2017).
Asiste el mismo derecho a hombres como mujeres para acceder al servicio de guarderías del IMSS (Tesis: 2a. CXXXIII/2016 (10a.).
En cuanto a la adopción, la suspensión de la patria potestad del progenitor no suprime su derecho a oponerse a la adopción de su hijo (Tesis: 1a. IV/2016 (10a.).